Un mensaje, un enlace o una llamada. A veces basta solo eso para que un ciberdelincuente robe una cuenta, un documento o incluso el salario completo de una víctima. En Bucaramanga, la amenaza es silenciosa y crece mientras miles de ciudadanos siguen confiando “demasiado” en su celular.
Los ciberdelitos en Colombia siguen en aumento. Los informes del Centro Cibernético Policial (CECIP) muestran que el país alcanzó más de 65.794 denuncias por delitos informáticos en 2022. La capital santandereana, por su parte, representa el 1,8 % del total nacional, con 791 eventos registrados a octubre de 2023. Aunque no lidera las cifras nacionales en volumen total, su porcentaje la ubica entre las principales ciudades afectadas y el impacto local es contundente.
El Subintendente William Caicedo, investigador de la SIJIN Bucaramanga con 14 años de experiencia en delitos informáticos, explica cómo operan los delincuentes, qué nuevas modalidades han surgido y cuál es el perfil de las víctimas; así como las estrategias de prevención que se están implementando en la región.
Fotografía: Natalia Moreno
Para el Subintendente Caicedo, el comportamiento criminal cambió drásticamente desde la pandemia. “Durante la época de pandemia nuestros delitos informáticos subieron casi un 300%. La cultura de seguridad digital era prácticamente cero”, explica. La falta de hábitos básicos de protección —como contraseñas seguras— permitió que los ciberdelincuentes ampliaran su espectro de ataque.
Para dimensionar el desafío del cibercrimen en Santander, es crucial analizar el drástico aumento de ciertas modalidades delictivas. Los datos de crecimiento local muestran cómo el hurto por medios informáticos y la violación de datos personales han escalado en la región.
La distribución geográfica de los ciberdelitos en Colombia no es homogénea, sino que se concentra en los principales centros urbanos y polos de desarrollo digital. El mapa evidencia cómo la mayoría de las denuncias de delitos informáticos se focalizan en regiones específicas.
Así mismo, existe una alta concentración de casos en Bogotá y Cundinamarca, seguidas de departamentos clave como Antioquia, Valle del Cauca y Santander. Los datos de la región santandereana es la muestra fehaciente de que la problemática en Bucaramanga no es un hecho aislado, sino parte de una tendencia nacional donde las zonas con mayor conectividad y actividad económica se convierten en objetivos prioritarios para la ciberdelincuencia.
La evidencia documental muestra que el crecimiento del cibercrimen no es una tendencia reciente. Por el contrario, los delitos informáticos han mantenido un crecimiento exponencial.
Los datos que representan la evolución de los ciberdelitos, revelan un punto de inflexión crítico a partir de 2020 (coincidiendo con el inicio de la pandemia), donde el volumen de casos reportados se disparó. Esta aceleración en la curva histórica coincide con el diagnóstico del Subintendente Caicedo sobre cómo la masiva migración a los entornos digitales se convirtió en el principal catalizador de la crisis de ciberseguridad que afronta el país hoy.
Al comparar el año anterior con los datos entre el 1 de enero al 14 de marzo de 2025, se evidencia el marcado contraste entre la tendencia nacional y la realidad en la ciudad bonita. Mientras que a nivel país el total de denuncias por delitos informáticos registró una disminución cercana al 9.6% (pasando de 13.041 a 11.782 casos), en la capital santandereana se observa un aumento de este fenómeno.
Los datos del Centro Cibernético Policial muestran que Bucaramanga pasó de registrar 204 denuncias en 2024 a 364 en 2025 comparando el mismo lapso de tiempo. Este aumento, que supera con creces el ritmo de crecimiento de otras ciudades, demuestra que, pese a una aparente estabilización en el territorio nacional, la amenaza digital se ha recrudecido en la región de Santander durante el último año.
Este panorama apoya la urgencia del diagnóstico del Subintendente Caicedo y la necesidad de una prevención focalizada.
¿Qué hacer si soy víctima de un ciberdelincuente?
Cuando ocurre un ciberdelito, Caicedo insiste en una recomendación clave: no borrar la evidencia. “Toda la evidencia es digital. Si se elimina, será difícil recuperarla”, advierte. El proceso que arranca con la denuncia en la SIJIN exige un plan metodológico coordinado con fiscales especializados.
El proceso de investigación cuenta con el respaldo del Centro Cibernético Policial (CECIP), que mantiene cooperación activa con entidades internacionales como INTERPOL. Esta coordinación es vital, dado que muchos responsables operan desde fuera del territorio nacional. Los laboratorios de informática forense de la Policía son los encargados de rastrear la «huella digital» y recuperar datos eliminados.
Además del hurto de WhatsApp, han surgido modalidades como suplantación de empresas, enlaces fraudulentos en redes sociales, ventas engañosas por marketplace y estafas asociadas a domicilios.
La SIJIN realiza charlas constantes en colegios, universidades y empresas sobre buenas prácticas digitales, verificación de URLs, compras seguras y uso de antivirus. “La prevención es gratuita. La Policía Nacional siempre está disponible para orientar a los ciudadanos”, afirma Caicedo.
La insistencia en la prevención tiene un componente técnico claro. Caicedo enfatiza la peligrosidad de las redes Wi-Fi públicas, que son inherentemente vulnerables. De igual manera, se recomienda el uso de antivirus licenciado que pueda proteger la información personal que reside en los dispositivos móviles.
El Subintendente insiste en que el problema no es la tecnología, sino la desinformación. “No es tenerle miedo al internet; es saber navegar”, concluye.
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