Lo que para algunos parece un “traslado forzado”, para Erwing Daniel Rico Rodriguez es un esfuerzo por evitar que la adicción siga cobrando vidas en las calles de Cúcuta.
Daniel Rico, fundador de la Fundación Transformados para Transformar, sabe en carne propia, lo que significa enfrentar una adicción. Por eso, desde el 2015, su fundación acompaña a familias que buscan una ayuda urgente para sus familiares que enfrentan esta situación.
Aunque su método ha generado dudas en la comunidad norte santandereana, la intervención realizada por la fundación cuenta con respaldo legal, siempre y cuando la voluntad del afectado está comprometida por el consumo de sustancias psicoactivas.
Un proyecto que nace del dolor propio
Antes de iniciar con este proyecto, Daniel, junto a dos de sus hermanos, atravesaron un periodo de consumo de sustancias y situación de calle en Cúcuta. Esta experiencia dolorosa terminó convirtiéndose en el motor para crear este modelo de intervención, que inició operando en el municipio de Los Patios – Norte de Santander y ahora se ha venido expandiendo a nivel nacional.
La fundación nace en 2015 como respuesta a una necesidad creciente: el deterioro humano por el consumo de sustancias. Desde entonces ha intervenido en casos de niños, adolescentes, jóvenes y adultos en diferentes etapas de la adicción. Solo en lo que va del 2025, según datos entregados por la fundación: 60 personas se han rehabilitado con el apoyo de profesionales y fundaciones externas.
Su equipo ha construido una ruta de atención que funciona principalmente a través del llamado a las familias que buscan ayuda inmediata para un ser querido. Por esta razón, las intervenciones pueden ser voluntarias (cuando el directamente afectado asume su ingreso a una clínica de rehabilitación) o involuntaria (cuando los familiares autorizan que sea intervenido en la calle y llevado al centro de cuidado).

¿Cómo funciona la intervención?
En su mayoría es la familia quien recurre a la ayuda de la fundación Transformados para Transformar, cuando se dan cuenta que ya el consumo compromete la salud, la seguridad, y en muchas ocasiones, la vida del afectado.
Frente a este tipo de intervenciones, suele existir la duda sobre si estos traslados pueden considerarse ilegales. A lo que el abogado Dixon Herney Cañas Ortiz, especialista en derecho penal, aclara que estos procesos no son comparables con una retención o un secuestro, como comúnmente se afirma en redes sociales o comentarios públicos.
Según explica el jurista, en Colombia existen normativas que regulan los procedimientos de salud mental —entre ellas la Ley 1306 de 2009 y la más reciente 2406 de 2025— las cuales contemplan la posibilidad de que terceros soliciten la intervención cuando la persona pierde su capacidad de autodeterminación por causa de una enfermedad. «La Organización Mundial de la Salud reconoce que quienes atraviesan una adicción severa pueden afectar la voluntad de decidir sobre sí mismos. En esos casos, la familia está facultad para autorizar el ingreso a un proceso de rehabilitación” señala.
Este acompañamiento legal es el que permite que estas fundaciones actúen sin que sus acciones sean catalogadas como actos delictivos. «No se configura un delito porque no existe ánimo de causar daño. Al contrario, la finalidad es preservar la vida y la salud de la persona», explica Cañas.
Una radiografía de la situación
Para dimensionar quiénes son realmente las personas que hoy habitan las calles de Cúcuta y enfrentan un consumo problemático, la Secretaría de Bienestar Social de la ciudad entregó una base de datos que permite trazar su perfil. La información incluye variables como género, edad, sustancia principal consumida, afiliación al sistema de salud y tiempo en calle, lo que permite entender no solo las condiciones de vulnerabilidad en las que se encuentran, sino también los factores que agravan su situación.
Esta caracterización sirve como punto de partida para analizar la magnitud del fenómeno y los retos que enfrenta la ciudad frente a la atención y el acompañamiento de esta población.
Los datos recopilados revelan la profundidad del problema que enfrenta la ciudad y la ausencia de una respuesta institucional suficiente. En medio de ese vacío, el trabajo de Transformados para Transformar se sostiene casi como un acto de resistencia, acompañando procesos que de otro modo quedarían completamente a la deriva.
Su intervención, aunque limitada frente a la magnitud del fenómeno, muestra que aún hay espacios donde la dignidad y la escucha son posibles. Este panorama deja claro que no se trata de un asunto aislado, sino de una urgencia social que requiere más manos, más políticas y menos indiferencia.




