Durante más de cuatro décadas, los habitantes de San Martín, San Pedro, Puerta del Sol 1 y 2, Antonia Santos Sur y Quebrada de la Iglesia vivieron bajo el peso de límites que no figuraban en ningún mapa, pero que marcaban la diferencia entre la vida y la muerte. Hoy, gracias al trabajo conjunto de líderes comunitarios, la Iglesia y las instituciones, esas barreras hacen parte del pasado.
Luz Marina López Hernández lleva 52 años viviendo en el sector de San Martín. En su chatarrería, entre el ruido del metal viejo y el ajetreo del día a día, guarda también los recuerdos de una época en que salir a la calle equivalía a cruzar una línea de peligro. «Tocaba cerrar la puerta y encerrarse uno para adentro para que no vieran a nadie», recuerda sin titubear. Su testimonio resume lo que fueron, durante generaciones, las llamadas fronteras invisibles en la comuna 9 de Bucaramanga: límites no escritos, impuestos por bandas locales, que condicionaron la movilidad, el comercio y la convivencia de miles de familias.
Los seis barrios señalados en la infografía —Antonia Santos Sur, San Pedro Claver, San Martín, Quebrada de la Iglesia, Puerta del Sol 1 y Puerta del Sol 2— conforman el eje del conflicto territorial que durante décadas dividió a la comuna 9 de Bucaramanga. Las líneas que los separaban no existían en ningún mapa oficial, pero eran tan reales como cualquier frontera: cruzarlas podía costar la vida.
Cuatro décadas de rivalidad entre barrios
Nepo Ayala Sandoval, presidente de la Junta de Acción Comunal del barrio Quebrada de la Iglesia, sitúa los orígenes del fenómeno hace más de 40 o 50 años. Según él, las rivalidades entre los barrios siempre existieron, pero, con el tiempo, se volvieron más violentas y organizadas. «Ya eran con armas, de esa manera se enfrentaban los de San Martín, los del Sol, los de Antonia Santos», describe Ayala Sandoval, quien ha sido testigo cercano de cómo estas tensiones evolucionaron de simples rencillas juveniles a disputas territoriales vinculadas al narcotráfico y la intolerancia.
Sin embargo, los barrios más golpeados por esta dinámica fueron San Martín, San Pedro Claver, El Sol, Antonia Santos y Quebrada de la Iglesia. En estos sectores, la vida cotidiana quedó subordinada al control territorial de las bandas. Salir de noche, visitar a un familiar en el barrio vecino o simplemente caminar por ciertos parques implicaba un riesgo real. «Hubo un tiempo donde a la gente le daba miedo salir en las horas de la noche, salir a las canchas, a los parques, porque podía pasar una moto o pasar algunos jóvenes y hacer algunos disparos», relata el líder comunal.
Por otro lado, John Navarro, sacristán y músico de la parroquia María Madre del Divino Amor, vivió esa realidad desde niño. Recuerda que las advertencias de no transitar por ciertos sectores eran casi diarias y que el riesgo de ser confundido con un expendedor de drogas hacía, del simple hecho de caminar, un acto cargado de tensión. «Uno no podía pasar de cierto barrio a tal otro y lo podían confundir», explica. Que un día, mientras pasaba por el barrio, presenció cómo un joven sacó un revólver y abrió fuego cerca de donde estaba su primo. «Mi primo logró salir corriendo», dice, aliviado aún al recordarlo.
No todos tuvieron la misma suerte. Nepo Ayala recuerda con dolor el caso de un joven extranjero que fue alcanzado por una bala durante un enfrentamiento entre bandas rivales. El muchacho iba camino a su trabajo cuando los disparos cruzaron de un sector a otro. «No tenía nada que ver con eso, pero como no lo conocían», señala el líder comunitario. El joven murió. Este tipo de tragedias, que afectaban a personas completamente ajenas al conflicto, pone en evidencia el carácter indiscriminado de la violencia territorial.
La violencia no solo cobraba vidas, también fracturaba el tejido social de comunidades que llevan 60 o 70 años construidas. Familias con integrantes en distintos barrios dejaron de visitarse. Comerciantes sufrían robos y desmanes. La desconfianza entre vecinos se instaló como norma. «Era un asunto de vida o muerte», sintetiza John Navarro.
El camino hacia la recuperación
La reducción de las fronteras invisibles no fue obra de un solo actor ni ocurrió de la noche a la mañana. Fue el resultado de un trabajo sostenido que combinó intervención institucional, liderazgo comunal y presencia eclesiástica. Según Ayala Sandoval, los programas de la Alcaldía de Bucaramanga y el INDERBU, orientados al deporte —fútbol, baloncesto, voleibol—, permitieron canalizar la energía de los jóvenes hacia actividades constructivas y abrir espacios de diálogo entre los líderes barriales. «Se fue limando un poco las asperezas y se fue tratando de hablar con esos líderes de lo que estaba sucediendo en las bandas», afirma.
Asimismo, desde la Iglesia, el padre Gustavo Patiño jugó un papel determinante. John Navarro destaca que cuando el sacerdote llegó como párroco al sector, impulsó escuelas de arte y baile que atrajeron a muchos de los jóvenes que antes engrosaban las filas de las bandas. «Muchos de ellos se hicieron en esas escuelas. Incluso muchos otros lograron una conversión y ahora son religiosos», cuenta con orgullo. Para Navarro, la figura del padre Patiño representó el tipo de liderazgo transformador que la comunidad necesitaba.
También incidió la acción del Estado en materia de seguridad. Luz Marina López señala que la captura de personas vinculadas al microtráfico contribuyó a desarticular las estructuras que mantenían vivos los conflictos territoriales. «Por lo que están agarrando mucha gente, los que estaban vendiendo toda la droga y todo eso», apunta la comerciante.
Un presente más tranquilo, pero con alertas vigentes
Para cerrar, hoy la percepción general en la comunidad es que las fronteras invisibles han desaparecido o, al menos, se han reducido de manera significativa. Sin embargo, los tres entrevistados coinciden en que la situación no puede darse por resuelta de forma definitiva. Luz Marina López, quien todavía recibe visitas frecuentes de la policía bajo la sospecha infundada de que su chatarrería funciona como fachada ilegal, insiste en la necesidad de identificar a los verdaderos responsables del problema. Tanto ella como las demás voces consultadas coinciden en que la prevención, la educación y una presencia constante del Estado son fundamentales para evitar que esta historia vuelva a repetirse. Esta realidad ya había sido advertida públicamente con anterioridad.
En febrero de 2024, el concejal Óscar Arenas denunció ante el Concejo de Bucaramanga las intimidaciones sufridas por líderes de la comuna 9 tras un comité de seguridad realizado el 13 de ese mes. En declaraciones a W Radio (14/02/2024), el cabildante señaló que “lo que hay es una guerra de microtráfico es porque hay una frontera invisible entre Bucaramanga y Floridablanca”, y mencionó problemáticas como construcciones ilegales, microtráfico, el llamado ‘cuadra picha’ y tráfico sexual en sectores como Asturias, la quebrada El Macho, La Pedregosa y La Libertad. Los concejales José David Cavanzo y Luis Ávila se sumaron al llamado, exigiendo mayor acción institucional en la zona.
Las cifras oficiales reflejan una situación que aún requiere atención. Según el boletín mensual de indicadores de delitos de la Secretaría del Interior de Bucaramanga, en lo que va del año 2026, la Comuna 9 registra seis casos de hurto, una cifra que refleja la situación de seguridad en este sector de la ciudad.
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