El pasado 28 de octubre del 2022 empezó una difícil situación para la señora Yasmín Portilla Moreno, de 47 años, propietaria de una edificación de cuatro pisos donde vivían aproximadamente 20 personas.
“Con mucho esfuerzo había construido mi edificio, yo vivía en uno de los apartamentos y tenía arrendado los otros. Todos los cuatro pisos se fueron abajo, quedó todo en escombros; afortunadamente no hubo muertos pero me quedó una deuda muy grande en los bancos y tuve pérdidas materiales”, afirmó Yasmín.
“Cuando compré el terreno nadie nos advirtió que no era apto para construir, fue mi error no investigar sobre los hechos que se habían presentado anteriormente en este lugar. Todo sucedió debido al mal manejo de las tierras, pues el agua de las construcciones de arriba nunca las habían canalizado y estas se filtraron; provocando el deslizamiento”, agregó Moreno.
El Ingeniero Civil, Carlos Mario Álvarez Gómez, especialista en Geotecnia Ambiental de la Unidad Municipal para Gestión del Riesgo de la Alcaldía de Bucaramanga, sostiene que “todo inició en 2006 con una excavación para habilitar un parqueadero junto a la vía Bucaramanga-Cúcuta, en la corona se formó un escarpe de más de cuatro metros de altura y un movimiento de un poco más de dos hectáreas. Desde entonces se han presentado múltiples deslizamientos”.
Portilla y sus familiares se vieron obligados a dormir en una buseta por aproximadamente 20 días, debido a que quedaron desamparados completamente. Hasta el momento el gobierno se pronunció con un subsidio para un mes de arriendo, pero los afectados afirman que trescientos cincuenta mil pesos no cubren la realidad del problema.
Con plásticos negros, algunos suministrados por Gestión del Riesgo, y otros comprados por los habitantes, intentan cubrir las grietas que surcan la carretera en la parte alta de la montaña y evitar que las aguas de lluvias se sigan filtrando y aceleren los deslizamientos. La secretaría de infraestructura de Bucaramanga tiene como objetivo realizar un estudio de análisis de amenaza, vulnerabilidad y riego (AVR).
La comunidad pide apoyo a las autoridades gubernamentales y asesoría jurídica para saber qué acciones pueden adelantar frente a las personas que les vendieron los lotes que hoy ocupan.
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