La presencia de vehículos que operan de manera ilegal, sin las debidas autorizaciones ni seguros, se ha convertido en un problema cada vez más preocupante en la capital santandereana. Este fenómeno no solo afecta a la economía formal y al empleo, sino también a la seguridad de los usuarios del transporte público.
Las autoridades del área metropolitana han identificado cientos de puntos conocidos como “terminalitos de la piratería” donde 50.000 conductores obtienen ganancias a través de esta práctica ilegal.
Es importante destacar que las consecuencias de estos servicios van más allá de la simple provisión de transporte e incluyen inconvenientes como discusiones públicas, caos en el tráfico y abuso de sustancias en las vías públicas, mala gestión de residuos y falta de higiene.
Estas preocupaciones se ven agravadas por las quejas de los conductores de taxis y autobuses sobre una aparente competencia desleal y el riesgo para la seguridad vial que representan los transportes no regulados.
“Nos estamos viendo agredidos donde estamos llegando a llevar un servicio o a recoger un servicio por estas personas y no queremos llegar a punto de estar peleando por un servicio donde nos va a perjudicar como gremio de taxista”, manifiesta Carlos Rueda, taxista de la ciudad.
En este escenario, los conductores informales exigen el derecho al trabajo, donde aquellos que operan dentro del marco formal exigen regulaciones más estrictas para gobernar el sector informal que resalta la complejidad de la informalidad en el transporte urbano y las diferentes perspectivas de los participantes sobre cómo se deben gestionar estas actividades para garantizar un funcionamiento ordenado y seguro en la ciudad.
La invasión de carreteras y plataformas por parte de transportistas no oficiales sigue siendo un problema, a pesar de las promesas electorales del actual alcalde de la ciudad, Jaime Andrés Beltrán, de centrarse en restablecer el orden y el gobierno. Zonas clave como Cabecera y el centro de Bucaramanga sufren de estacionamiento irregular de automóviles y motocicletas, lo que dificulta el tránsito vehicular y peatonal y el acceso a establecimientos comerciales.
Luis Carlos Acevedo, oficial de policía, habla sobre cómo se ha reduciendo el transporte ilegal en Bucaramanga “En coordinación con la Secretaria de Tránsito Municipal de Bucaramanga adelanta planes coordinados con el fin de reducir el hurto de motocicletas, prevenir accidentes y generar una cultura ciudadana que permita a estos conductores dejar los vehículos parqueados para evitar hurtos por parte de bandas criminales”.
Este problema no sólo afecta la circulación, sino que también genera barreras de acceso a comercios y rampas para personas con discapacidad, demostrando un claro descontrol en zonas clave de la ciudad. La Carrera 33 ubicada entre las calles 47 y 48, así como la Carrera 15 en la Calle 34, son perfectos ejemplos de caos vial y de los llamados «piratas» que perturban la vida cotidiana de las personas y de los visitantes.
Si bien, esto no representa a todos los transportistas informales, la falta de control permanente permite que un pequeño grupo se aproveche de la situación. Está claro que se necesita una intervención municipal efectiva para resolver estos problemas urbanos y de transporte que afectan la calidad de vida en Bucaramanga y para cumplir las promesas del gobierno de Beltrán.
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